Los análisis corroboran que se trata de un vertido contaminante

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de León han detenido en el Bierzo a tres personas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Se trata del administrador y los responsables de la producción y gestión de residuos de una empresa. Los hechos que se les imputan sucedieron el pasado mes de enero en el arroyo adyacente al polígono industrial de El Bayo.

Las investigaciones comenzaron cuando guardias civiles del Seprona localizaron un vertido en el arroyo de la Dehesa que, al principio, presentaba una coloración azulada con manchas de color rosado y, poco después, se tornó blanquecina. Después de tomar las pertinentes muestras del agua y los lodos y seguir el curso del río aguas arriba, se localizó un vertido de aguas continuo con coloración similar a la anterior, ubicada ya a la salida de El Bayo, en Cubillos.

A fin de aclarar la situación, ese mismo día —13 de enero—, la Guardia Civil inspeccionó todas las empresas de éste área industrial y tomó muestras de todos los puntos de salida de los colectores de aguas sucias. Muestras que posteriormente fueron analizadas y se certificó la existencia de material contaminante.

«Todos los informes coinciden en los altos contenidos en metales pesados, en especial el cadmio. Estos niveles de cadmio superan los valores para su aplicación como fertilizantes y los valores de referencia internacionales de presencia en suelos, a la vez que resaltan su toxicidad. Y, por tanto, son incompatibles con la vida de los peces y de la fauna invertebrada», explicaron fuentes de la Guardia Civil a través de un comunicado, dejando claro, no obstante, que en las inspecciones realizadas se constató que «no habían sido afectadas las aguas destinadas al consumo humano, por lo que dicho vertido no produjo peligro para las personas». Asimismo, «gracias la rápida intervención del Seprona y de la Miño-Sil, el vertido pudo ser controlado, minimizándose el perjuicio al medio ambiente», aseguraron.

En estos casos, la normativa de protección ambiental establece, entre sus sanciones, la obligación de restaurar los bienes afectados o la obligación de pagar altas indemnizaciones por los daños y perjuicios causados al medio ambiente, con la cantidad económica que ello conlleva; además de establecer otras medidas cautelares o correctoras, como pueden ser la paralización de los vertidos o de la contaminación, la retirada temporal o definitiva de la autorización, la suspensión de las actividades o incluso la paralización total o parcial, temporal o definitiva de la actividad.

Las diligencias instruidas y los tres detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada.